Oleiros, 3 de noviembre de 2013-. El grupo de Gobierno presentó en la sesión plenaria correspondiente al mes de octubre una moción instando el Gobierno del Estado a aprobar una reforma en la legislación del suelo hipotecario. El objetivo de esta iniciativa es introducir un nuevo epígrafe en la ley reguladora para fijar un límite a la variación tipo de interés en los casos en que el bien hipotecado sea la vivienda familiar.
La crisis golpeó gravemente a millares de familias con créditos y préstamelos hipotecarios contratados en España. La propia oscilación de tipos, unida a las particulares circunstancias económicas de la actualidad están provocando un auténtico drama social.
En época de tipos bajos, que podrían llegar a suponer un alivio a las economías familiares, los consumidores no pueden beneficiarse de las bajadas debido la unas cláusulas añadidas nos sus préstamos que limitan la variación a la baja de los tipos de interés impidiendo, con grande alarma social, la traslación efectiva de la reducción de los tipos de interés oficiales.
La sentencia del 9 de mayo de 2013 del Tribunal Supremo determinó la nulidad de las cláusulas suelo en contratos de préstamo hipotecario, pero las entidades no condenadas en esta sentencia continúan aplicando dichas cláusulas, lo que genera una indeseable situación, como es la pervivencia en una grande parte del sector hipotecario español de una cláusula acreditada cómo nula.
Sin embargo es necesario establecer los mecanismos legislativos oportunos para emendar la situación descrita, evitando un importante aumento de la litigiosidad y de la carga del sistema judicial y clarificando tanto el panorama judicial como la situación de millares de hipotecados.
Otra moción sobre la grabe situación que vive el Norte de África y Oriente Próximo
Además, de la moción sobre el suelo hipotecario, el grupo de Gobierno presenta otra iniciativa que exige el compromiso del Gobierno del Estado con la situación que se está vivir en la zona del Magreb y en Oriente Próximo. De este modo se solicita al ejecutivo central que, en el marco de sus relaciones bilaterales con los gobiernos del Norte de África y Oriente Próximo sitúe el respeto y la protección real y efectiva de los derechos humanos en el centro de toda iniciativa. Asimismo, se pide al gobierno español que adopte medidas como garantizar un tratamiento prioritario de los sus más y sus menos de derechos humanos en las relaciones bilaterales de España y de la UE con estos países; llevar a cabo una revisión exhaustiva, caso por caso, de todas las transferencias y exportaciones de armas a la región, y suspender y denegar aquellas transferencias de armas sobre las que existe un riesgo sustancial que se utilizarán para cometer o facilitar violaciones de derechos humanos o promover la cooperación disteis países con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.