Oleiros, 3 de febrero de 2012-. Un auto del Tribunal Superior de Justicia dictamina que no se ejecute la orden de derribo que pesaba sobre la cubierta del edificio de viviendas conocido como Casa Sara, en la localidad de Santa Cristina. El fallo judicial considera que el derribo no cumpliría el principio de proporcionalidad, ya que al amparo del PXOM aprobado en 2009, la cubierta es legal y habría que «derruirla para volver a levantarla». El Gobierno local considera muy positiva la decisión judicial.
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, aseguró esta mañana que con esta decisión se termina el calvario de 56 familias que llevan más de 30 años de sufrimiento. Asimismo, García Seoane señaló que el Ayuntamiento negocia con los denunciantes la forma de pago de 1,2 millones de euros en concepto de compensación por al no ejecución del derribo. El regidor señaló que esta cantidad es menos de la mitad de los más de 3 millones de euros que supondría acometer la demolición y realojar a las familias.
El problema del edificio de Casa Sara se remonta al año 1977 cuando la última Corporación municipal preconstitucional dio licencia para más de 80 viviendas en una parcela situada en las inmediaciones de la playa de Santa Cristina. Tras las continuas protestas de los colectivos vecinales de la zona, encabezados por la asociación de vecinos A Ría, se logró suspender esta licencia municipal y ya en el año 1982, el alcalde en ese momento Xosé Lois Martínez, firmó un convenio con los propietarios del solar que posteriormente permitió la construcción 38 viviendas y 24 apartamentos.
La construcción del edificio fue denunciada en 1986 por dos propietarios de residencias próximas quienes argumentaron que la cubierta del edificio les quitaba vistas. Un tribunal falló a favor de los demandantes y ordenó el derribo parcial del tejado. Desde entonces y hasta ahora la orden de derribo recorrió distintas fases de un dilatado proceso judicial que se culmina con este fallo de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Galicia que declara la inejecutabilidad de la demolición.