Oleiros, 30 de enero de 2014-. El Alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, compareció esta mañana en rueda de prensa para hablar sobre el fallo judicial que le condena a indemnizar a una jueza con 60.000 por un delito contra el honor. García Seoane calificó la sentencia de «totalmente injusta» y señaló que no es de extrañar que esto suceda en un momento en que el que en el país se están usurpando los derechos a la educación, al trabajo digno, a la vivienda o el derecho a manifestación. En este sentido el regidor afirmó que, del mismo modo que se recorta el derecho a la manifestación, también se intenta coartar el Artículo 20 de la Constitución en relación a la libertad de expresión. «Un país democrático sin libertad de expresión no es un país democrático», dijo. «El único honor ultrajado fue el mío en un proceso judicial en el que se me mantuvo imputado durante más de seis años sin motivo para dilatar el proceso», concluyó.
García Seoane estuvo acompañado durante su comparecencia de su abogado, Carlos Hernández, quien señalo que la sentencia es «manifiestamente errónea» y achacó dicho error humano, entre otras cosas, al corporativismo. Además, adelantó que se presentará un recurso de apelación ante dicha resolución. Según Hernández, «lo que subyace en todo esto es una actuación que estuvo vejando el honor y la decencia de García Seoane que tiene una proyección pública y que ha tenido que soportar una larguísima campaña de difamación, que además pivotó fundamentalmente sobre la actuación de una jueza y eso nos legitima a hacer una crítica pública ante la sociedad», declaró.
Así mismo, y sin entrar en los pormenores sobre este recurso, el letrado destacó varios ejes de la sentencia que consideró muy relevantes. El primero es la proyección pública de las resoluciones. «Mal que le pesa a la judicatura, los jueces son servidores públicos y sus sentencias son susceptibles de crítica y de crítica ácida si el caso lo requiere», apuntó. «Los jueces se deben a al sociedad y al concepto de la justicia que esta por encima de una corporación o de una casta o de un grupo de personas». En segundo lugar, destacó que sentencia discurre por un camino totalmente equivocado, ya que pivota sobre la apreciación de que las declaraciones de García Seoane hizo eran inveraces. «Pues no. Eran todas absoluta y manifiestamente veraces y se pueden comprobar incluida la afirmación de que la jueza que instruía la causa era sin duda alguna una infractora urbanística», afirmó el abogado. Y además apuntó que «la cantidad solicitada como indemnización es totalmente desproporcionada y no guarda proporción con la media de indemnizaciones concedidas en estos casos».
Más acciones legales
Asimismo, el abogado de García Seoane anunció que antes del 10 de marzo se presentará una querella contra la jueza Pastor por unas actuaciones posiblemente constitutivas de delitos de prevaricación y de retraso malicioso de la administración de justicia. «La señora Pastor tendrá que empezar a preocuparse de su defensa», finalizó. Además, se va a presentar de inmediato una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial, ya que entiende que pudiera haber una infracción grave por no haberse abstenido teniendo una situación de conflicto con el Ayuntamiento. «No quiero dinero, quiero justicia», concluyó García Seoane.
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